Ana María Olvera

// Fidel Castro, un legado que trasciende el bloqueo

Pedro Martìnez Coronilla

Celebrar el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz no es solo un acto de memoria histórica, sino también un ejercicio de reflexión sobre el impacto de su lucha y su pensamiento en América Latina y el mundo. En medio de una narrativa global dominada por los grandes medios de comunicación, muchas veces alineados con los intereses de Estados Unidos, es fundamental rescatar la voz de los pueblos y reconocer los logros de una revolución que, pese a las adversidades, ha sabido mantenerse firme.

El movimiento revolucionario cubano no fue un capricho ni un golpe de Estado, como algunos han querido hacer creer. Fue un proceso popular, gestado en las universidades, en las fábricas y en los campos, donde Fidel ya había sembrado la semilla de la conciencia crítica. Su paso por México, donde recibió apoyo solidario, incluso del entonces presidente Lázaro Cárdenas, es prueba de que su causa no era ajena a los ideales de justicia social que recorrían el continente.

Una vez en el poder, Fidel no se impuso por la fuerza; se comprometió con el pueblo. Su primera gran batalla fue contra el analfabetismo, una lacra que condenaba a la ignorancia a millones de cubanos. En apenas un año, movilizó a voluntarios de todas las edades y niveles educativos para llevar la enseñanza a los rincones más apartados de la isla.

Esa gesta educativa sentó las bases de un sistema que hoy, a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, ha logrado desarrollar alta tecnología en la ciencia médica, logrando vacunas propias contra la COVID-19, un ejemplo de soberanía tecnológica y científica que pocos países en desarrollo pueden presumir.

El bloqueo existe, no es un mito ni una exageración. Es una política asfixiante que busca doblegar al modelo cubano, pero que no ha logrado quebrar la resistencia de su pueblo. ¿Por qué no hay un levantamiento popular contra el gobierno? Porque la población entiende que la agresión externa es el verdadero enemigo, y que el modelo, con sus limitaciones y contradicciones, garantiza derechos fundamentales como la salud, la educación, el deporte y la cultura. Cuba es potencia olímpica y panamericana, y eso no es casualidad: es fruto de una política de inclusión y fomento al talento desde la base.

Fidel también fue solidario más allá de sus fronteras. Su apoyo a la independencia de Angola, su asesoría militar en Nicaragua y su amistad con Nelson Mandela son capítulos que la historia oficial suele omitir. No se trataba de imponer un modelo, sino de acompañar a otros pueblos en su derecho a la autodeterminación. ¿Acaso eso es condenable? ¿O acaso es más aceptable tener bases militares en todos los continentes, como hace Estados Unidos?

Por todo esto, desde nuestra organización, celebramos su legado con actividades que incluyeron concurso de periódicos murales, mesas de análisis, eventos culturales en las principales plazas del país y la como punto culminante, la conferencia magistral “100 Años con Fidel Castro Ruz: Vigencia de su obra y pensamiento” del Ing. Aquiles Córdova Morán, secretario general del Movimiento Antorchista Nacional en Tecomatlán, Puebla., donde se contó con la presencia de personal de las embajadas de China, Rusia y con la presencia del Excelentísimo Embajador de la Republica Islámica de Irán, Abolfazl Pasandideh, además de médicos cubanos que prestan sus servicios en el hospital regional en Tecomatlán. No es casualidad que estos países estén en la mira de las potencias occidentales; son ejemplos de que otro mundo es posible, donde la soberanía y la justicia social no son utopías, sino horizontes alcanzables.

Fidel Castro no fue un dictador; fue un líder legitimo del pueblo cubano, fue un hombre de su tiempo, con una coherencia inquebrantable, en su acción y pensamiento. Su ejemplo nos invita a pensar críticamente, a no dejarnos llevar por discursos prefabricados y a defender, desde nuestra trinchera, los valores de la dignidad y la resistencia. Que su centenario sea, entonces, un recordatorio de que los pueblos que luchan por su libertad nunca están solos.


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// ¿Quién controla el precio de la tortilla?

Pedro Martínez Coronilla

A poco más de un año de que el gobierno federal firmó el denominado “Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla”, un pacto que incluye a más de 2 mil pequeños productores de tortillas y que buscaba estabilizar y reducir el precio de la tortilla, garantizar maíz blanco no transgénico y apoyar voluntariamente la economía de las tortillerías del país.

Como parte de los compromisos, prometieron a los tortilleros proveer maíz a precio preferencial, rebajas en harina de maíz y. opciones de financiamiento para renovar equipos y otras bondades, para lograr dar precios justos a los consumidores.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en Palacio Nacional, con la presidenta Claudia Sheinbaum, las Secretarías de Agricultura y Economía, así como representantes de toda la cadena productiva del maíz y la tortilla: grandes empresas harineras, comercializadores, nixtamaleros y productores agrícolas del país.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los acuerdos pactados se ha cumplido, por lo que los tortilleros amenazan con romper el acuerdo.

Abaratar el precio de la tortilla en beneficio del pueblo mexicano no parece estar en los intereses de los grandes empresarios ni de sus aliados.

En 1993, un año antes de la entrada en vigor del primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México importó apenas 70 millones de dólares en maíz. Al año siguiente, 1994, ya con el tratado vigente, las importaciones ascendieron a 370 millones de dólares, y desde entonces no han dejado de crecer.

Para 2025, la cifra alcanzó los 6 mil millones de dólares, convirtiendo a México en uno de los mayores importadores de granos del mundo.

La política neoliberal ha favorecido a los grandes productores y comercializadores de Estados Unidos y México, en perjuicio de los pequeños agricultores nacionales, mientras la penetración del gran capital avanza sin pausa en todos los rincones donde las formas de producción más rezagadas terminan por sucumbir.

Las principales empresas harineras de maíz (Maseca, Minsa y Cargill) conforman un poderoso oligopolio que ha contado con el respaldo incondicional de los gobiernos en turno, ya sean priistas, panistas o morenistas. Además de controlar la importación de maíz amarillo, estas empresas siguen pagando precios injustos por el maíz blanco, destinado al consumo humano y utilizado en la cadena de la masa y la tortilla. Mientras venden la harina de maíz a 17 mil pesos por tonelada, pagan a los pequeños productores menos de un tercio del valor real del maíz blanco.

Este oligopolio, conformado por Maseca, Minsa y Cargill, domina el mercado de compra de maíz blanco para la producción de tortilla, imponiendo condiciones que los pequeños productores se ven forzados a aceptar.

Se calcula que Maseca acapara entre el 50 y el 90 por ciento de las ventas en las ocho regiones en que ha dividido el país.

Estas corporaciones se escudan tras el tratado de libre comercio para pagar a los campesinos mexicanos el mismo precio que el maíz amarillo, mayoritariamente transgénico y proveniente casi en su totalidad de Estados Unidos, profundizando así la desigualdad en el campo.

Para que en nuestro país tengamos mejores condiciones de vida, no podemos dejar a nuestros gobernantes hacer y deshacer, pues siempre han estado del lado de los explotadores; necesitamos analizar correctamente cada problema que se nos presenta. Los verdaderos cambios sociales, serán siempre el resultado del grado de concientización y organización del pueblo de México y de nadie más.


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// La tragedia silenciosa de los bosques de Durango y Chihuahua.

Pedro Martínez Coronilla

Los bosques de Durango (con una extensión de 9.1 millones de hectáreas) y Chihuahua (de una superficie de 7.1 millones de hectáreas) son la mayor extensión de pino y encino de la república mexicana, la gran mayoría conformado por ejidos forestales y comunidades indígenas (Tepehuanos y Tarahumaras) es el gran pulmón del norte de México y un territorio que, en los últimos años, se ha convertido en el escenario de una tragedia silenciosa.

La tala desmedida ilegal y “legal” no es menor, es la punta de lanza de una crisis que combina devastación ambiental, abandono institucional y crecimiento de la pobreza.

Las consecuencias nefastas de la deforestación sin un programa de plantación planificada, la naturaleza tarde o temprano toma venganza.

En el largo plazo, el daño es irreversible, cuando un bosque milenario cae, se pierde el suelo que retiene el agua, se pierde la biodiversidad que mantiene el equilibrio ecológico y se pierde la capacidad de la tierra para capturar carbono.

Pero además del deterioro ambiental, también perturba la vida de las comunidades y ejidos, que son los verdaderos dueños de los bosques, se ve dañada por intereses económicos ajenos, que ningún beneficio traerán a su ya de por sí menguada situación social.

Las graves carencias sociales contrastan con la riqueza forestal, pues sus habitantes carecen de lo más elemental, malos caminos, sin atención médica, vivienda precaria, sin sistemas de agua potable y drenaje y menos energía eléctrica.

Hay que entender que esto no es solo un problema ambiental: es un problema de seguridad nacional. El combate a la tala ilegal no puede quedar en manos de una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con presupuesto recortado y personal insuficiente, y sobre todo que tenga la vocación de servir a nuestra nación y no trabajar en contubernio con los intereses económicos que solo buscan el lucro.

El Movimiento Antorchista siempre ha afirmado que la defensa del medio ambiente no puede separarse de la lucha por la justicia social. No es un problema ecológico nada más: es un problema de desigualdad, de abandono gubernamental y de falta de oportunidades.

El origen de esta tragedia está en el modelo económico que hoy impera, un sistema que empuja a producir sin medida, que convierte todo en mercancía, que no le importa destrozar un bosque si deja ganancias.

Lo que hace falta es un cambio de fondo: que la producción se planifique pensando en la gente, no en los bolsillos de unos cuantos. Mientras el lucro siga siendo el centro de todo, los bosques seguirán en riesgo.

Antorcha siempre ha apostado por la organización popular como el camino para hacer frente al poder de los taladores y de sus protectores. Las comunidades organizadas, informadas y unidas tienen más fuerza que cualquier autoridad corrupta.

Por eso insistimos en que hay que fortalecer los mecanismos de vigilancia comunitaria, exigir a los gobiernos que actúen con firmeza y, sobre todo, construir alternativas económicas reales para una explotación sustentable.



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// Soberanía alimentaria, el discurso vacío de la 4T

Pedro Martínez Coronilla

Hace algunos días, la revista Buzos de la noticia, dio a conocer la grave situación que atraviesa México, con el aumentó del 11% en la importación de maíz amarillo y transgénico de los Estados Unidos, llegando a una cifra de tres millones 952 mil 249 toneladas de maíz, en los dos primeros meses de este año, según datos de la Secretaría de Economía y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, detalló que el volumen representó ingresos por 895 millones 825 mil dólares para empresas estadounidenses, 9 por ciento más que los 822 millones 117 mil dólares reportados un año antes.

Sobre todo, nos hacemos más dependientes de los Estados Unidos, la famosa soberanía nacional es cada vez una consigna vacía del gobierno mexicano.

Este enorme negocio es para las principales corporaciones como Bayer, DeBruce, Bunge, Daniels Midland y Bartlet Grain, supera los cinco mil millones de dólares anuales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) señaló que en febrero de 2023 siendo presidente López Obrador, Mexico prohibió el uso de maíz transgénico en la elaboración de alimentos. El país retiró las restricciones en febrero de 2025 tras el panel de resolución de controversias impulsado por el gobierno estadounidense.

Pero la política neoliberal del gobierno federal, no solo se refleja en el abandono a los campesinos de todo el país, sino también a los ganaderos de Durango, Coahuila, Chihuahua y Sonora, que exportan ganado en pie a los Estados Unidos, pues las restricciones sanitarias se han agudizado por el brote del gusano barrenador detectado en 2024. Las autoridades mexicanas dejaron de producir mosca estéril en Metapa de Domínguez, en el estado de Chiapas, que es la única salida para el combate a dicha plaga.

Productores mexicanos denuncian también, la importación de ganado de Centroamérica, a precios por debajo del mercado nacional y sin las debidas revisiones sanitarias, dicho ganado cruza la frontera sur y por barco hasta el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

Ese ganado llega al municipio de Tlahualilo, Durango, a un mega rastro de la empresa SuKarne, el ganado muy deteriorado se le alimenta durante meses en sus enormes corrales para ganar peso y sacrificarse, para su exportación a más de 16 países. Sus principales destinos son Estados Unidos, Japón, Canadá y países de Medio Oriente.

De manera por demás tardía, el gobierno federal anuncia que restablecerá la planta de Chiapas, para la producción de mosca estéril, y prevén que el comercio de ganado en pie con Estados Unidos se restablezca en 2027.

Tanto la OCDE como la FAO proyectan que para 2035 la producción de carne de res en México aumentará 6 por ciento, mientras que las importaciones de carne disminuirán 11 por ciento.

También se prevé que la exportación de ganado vivo se reduciría por completo, provocando la ruina de los ganaderos del norte del país.

Las grandes empresas transnacionales avanzan en el campo mexicano, desplazando a los productores mexicanos y aumentando nuestra dependencia económica principalmente a los Estados Unidos.

El discurso hueco de la soberanía nacional de la 4T, se exhibe una vez más, necesitamos un gobierno emanado del pueblo organizado y hacer a un lado a los impostores.



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